INTERNACIONAL, RD POR LA REDACCIÓN.
La decisión de la Audiencia Nacional de investigar como persona jurídica a Banco Santander en el procedimiento abierto por la quiebra del Banco Popular ha caído como un jarro de agua fría dentro de la planta noble del Edificio Pereda de la Ciudad Financiera de Boadilla del Monte.
Aunque desde la entidad presidida por Ana Patricia Botín intentan transmitir tranquilidad la realidad es que esta decisión ha llegado cuando se acumulan los problemas: marcha atrás en el fichaje del CEO, problemas en Argentina, miedo en Brasil y un posible Brexit duro que puede deteriorar gravemente el valor de su banco en el Reino Unido.
De momento, afirman que esta investigación no tendrá mucho futuro ya que como ocurrió con entidades compradas por CaixaBank (Banco de Valencia, Banca Cívica) o Banco Sabadell (Caja de Ahorros del Mediterráneo), la responsabilidad habría quedado extinguida desde el punto de vista societario cuando se adquirió el Banco y los únicos responsables serán los anteriores gestores.
Los demandantes opinan lo contrario, este caso no es equiparable. En primer lugar defienden que antes de la compra aun el Popular tenía valor bursátil (1.300 millones de euros) y esta cantidad se volatiliza justamente al anunciar el precio simbólico de un euro que pagó el Banco Santander.
LA REDACCIÓN
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